En el año 2009, la empresa municipal Pimesa recepcionaba uno de sus residenciales de vivienda protegida en las calles José Antonio Cañete Juárez, nº 39-45, con 56 viviendas, cuatro locales comerciales y 84 plazas de garaje. Sin embargo, en septiembre de 2018, la Comunidad de Propietarios del inmueble puso de manifiesto la existencia de determinados defectos o vicios de construcción en el mismo, presentando demanda judicial para que la compañía ejecutase la reparación. Algo que ha asumido ahora pero que pretende trasladar a la constructora de la obra. Un caso similar a otros inmuebles de VPO en los edificios de la Avenida Jubalcoy.
En el caso de esta sentencia, la comunidad solicitó la reparación parcial de la fachada, que al igual que en el otro caso, presenta una deficiente ejecución de la fachada de ladrillo caravista con aparición de fisuras en las esquinas. Hay que reformar las juntas de los ladrillos, que se han ido dilatando, reforzar y reconstruir parte de forjado y reparar balcones, que presentaban problemas de humedades en los balcones. Así, el Consejo de administración de Pimesa acordó en noviembre del pasado asumir la sentencia y exigencias de la comunidad. Ahora ha licitado la reparación por un tope de 147.000 euros y un plazo de obras de seis meses para su ejecución.
