Las asociaciones de consumidores se rebelan contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y critican que el anteproyecto de ley de protección al cliente aprobado por el Gobierno y remitido recientemente al Congreso de los Diputados es claramente insuficiente para frenar el deterioro en la atención al consumidor que se está produciendo por el cierre masivo de sucursales y el incremento progresivo de comisiones. Todo, en un año que el Banco de España espera que se cierre con un récord histórico de quejas por parte de clientes.
