Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 regaron a la Comunitat Valenciana con una lluvia de 300 millones de euros ‘extra’ para la Conselleria de Obras Públicas y Movilidad, ahora en manos de Rebeca Torró. Un montante para invertir libremente en aquellas infraestructuras que la Generalitat considerara, siempre con el beneplácito del Gobierno, pero con especial hincapié en la provincia de Alicante. Y es que este bonus iba a servir también para compensar la infrafinanciación en la provincia del sur de la región.
No obstante, ocho meses después de que los PGE entrarán en vigor, el pasado 1 de enero, todavía no se han determinado las actuaciones en las que se gastará esa inyección. Y, por tanto, tampoco existen plazos de ejecución ni proyectos en marcha para esos 300 millones que se repartirían en 200 millones de transferencia de capital para financiar infraestructuras y 100 millones que irían destinados para innovación en materia de movilidad. No obstante, los gobiernos autonómico y estatal ultiman un listado provisional de obras susceptibles de recibir esa inversión.
En un principio, se fijó que sería el mes de enero cuando la Generalitat y el Gobierno central cerrarían el convenio que marcaría las actuaciones y el calendario de ejecución de las obras. Pero, los tiempos se han dilatado más de lo previsto, aunque la Conselleria espera cerrar el listado y el acuerdo con el Ejecutivo antes de que finalice el año ya que se mantienen encuentros con el Ministerio que dirige Raquel Sánchez, aseguran fuentes de Obras Públicas.
